En octubre de 2016, el Congreso de la República le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para adoptar una serie de normas sin necesidad de observación parlamentaria. Durante estos tres últimos meses hemos presenciado la aprobación de medidas relacionadas a seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, tributación, simplificación administrativa, entre otras, tal y como hemos venido haciéndonos eco en nuestro blog.

En pasadas entregas señalábamos precisamente la acuciante necesidad de formalizar el Perú para avanzar firmemente hacia adelante. Según datos recientes del INEI, en el 2015 el 40% de los hogares peruanos contaba con ingresos provenientes exclusivamente del empleo en el sector informal.

Ahora bien, ¿las medidas adoptadas realmente lograrán formalizar la economía? De acuerdo con algunos expertos, el paquete de medidas podría tener un impacto meramente parcial en la consecución de la deseada formalidad. Y es que, por un lado, los incentivos parecen insuficientes, y por otro, las normas aprobadas deben estar armonizadas para alcanzar un impacto más profundo.

Resulta imprescindible un plan nacional integral de formalización con medidas concretas y metas alcanzables, siguiendo los ejemplos de países de la región que recientemente lograron luchar de forma efectiva contra la informalidad. Tal es el caso de Chile, cuyo marco normativo en 2006 introdujo servicios de apoyo a las PYME, creando así un entorno más propicio para la formalización de las microempresas y las pequeñas empresas, o Colombia, que además de prever en sus leyes incentivos para la formalización, introdujo en la década de 1990 una serie de reformas de liberalización del mercado de trabajo que facilitaron la lucha contra la informalidad.