De acuerdo con encuestas recientes, la corrupción ocupa el segundo lugar en la lista de las principales preocupaciones de los peruanos, sólo por detrás de la delincuencia e inseguridad. Este sentir general parece sólidamente justificado, teniendo en cuenta que de acuerdo con estimaciones de 2016 los efectos económicos negativos de la corrupción supondrían entre un 3% y 5% del PBI anual, es decir, hasta unos S/33.800 millones. Y, por si fuera poco, la problemática se agrava: según Transparencia Internacional, en los últimos cinco años Perú ha caído en tres puntos en el ranking de corrupción, al obtener en 2016 un puntaje de 35 en una escala del 0 al 100 en la que 100 significa ausencia de corrupción. Pero, ¿cuál es el impacto real de la corrupción en un país?

En primer lugar, como ya hemos mencionado, el impacto es económico. Pero el precio de la corrupción supera con creces el monto de lo robado de las arcas públicas. Cuando un gobernante concede una licitación buscando un beneficio ilícito, el costo último de su decisión ineficiente recae sobre los ciudadanos, que pagarán doblemente al verse perjudicados con una construcción deficiente. A nivel agregado, recientes estudios estiman que una mejora de un punto en el índice de corrupción de Transparencia Internacional podría agregar hasta 0,59 puntos porcentuales adicionales a la tasa de crecimiento del PBI. Además, el Foro Económico Mundial (WEF) estima que la corrupción encarece entre un 10%-25% el costo de hacer negocios y celebrar contratos.

En segundo lugar, la corrupción perjudica la competitividad. En una economía de mercado saludable, las empresas más competentes cosechan mejores resultados. Pero en un sistema corrupto los incentivos se distorsionan. Consecuentemente, la inversión privada también resulta dañada. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inversión privada de un país que lucha eficazmente contra la corrupción fortaleciendo el marco institucional de protección los inversionistas podría incrementar su inversión privada hasta en un 5%.

Por último, pero no menos importante, la corrupción acarrea inevitablemente una mala toma de decisiones. Cuando los gobernantes se guían por la búsqueda de la comisión ilegal, no sólo desperdician fondos públicos, sino que condenan al país con los resultados de sus decisiones erradas.
¿Hasta cuándo seguiremos pagando un precio tan alto?